Resurge polémica por pozos del altiplano.

La aprobación del estudio de impacto ambiental de 1998, del proyecto de los pozos del altiplano, que abre las puertas para la explotación de los recursos hídricos provenientes de esos sondajes, fue recibida con aplausos por el sector agrícola local y por el gobernador de Parinacota, Isidro Vásquez, que ven en esa iniciativa la posibilidad cierta de asegurar el riego en el Valle de Azapa y emprender nuevos proyectos de desarrollo en la precordillera.
Sin embargo, a dos mil kilómetros de distancia, la noticia fue acogida de muy diferente manera por algunos parlamentarios.
En Valparaíso, el jefe de la bancada PPD, Eugenio Tuma, y su colega Guido Girardi, anunciaron demandas y acusaciones constitucionales contra el Ministerio de Obras Públicas por la construcción de los seis pozos en el área del Parque Nacional Lauca.
Los parlamentarios argumentaron que esa zona fue declarada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biósfera. La ley -tanto nacional como internacional- prohíbe allí cualquier intervención.

SORPRESA
El seremi de Obras Públicas, César Faúndez, se mostró sorprendido de los anuncios de los diputados hacia su cartera y dijo que "el reclamo se lo tendrían que hacer a la Corema (Comisión Regional del Medio Ambiente), porque el ministerio presenta el proyecto, pero ella aprueba".
Recordó que ese proyecto se viene estudiando desde 1998 y que ha incluido varias jornadas de participación ciudadana, en las que se recogió las preocupaciones de la población. Enfatizó que toda la normativa y reglamentación vigente sobre el tema se ha respetado, "incluso la Convención de Washington, que fue revisada con abogados a nivel central. A lo mejor los diputados no tienen toda la información", aventuró.

ACTIVIDAD ECONOMICA
Mientras que el director regional de la Corema, José Bernardo González, dijo que es verdad que el Parque Nacional Lauca está protegido por la Convención de Washington, pero lo que ésta prohíbe son actividades de tipo económico.
Según el análisis jurídico de la Corema, explicó González, la extracción de aguas por parte de un organismo público, como el Ministerio de Obras Públicas, para incorporarlas a otro acuífero, no entrañan una actividad económica directa.
En cuanto al riesgo para el medio ecosistema, enfatizó que el estudio de impacto ambiental contempla un extenso programa de monitoreo de los niveles de agua superficiales y subterráneos, así como sobre la flora del lugar, cuyos resultados serán informados públicamente una vez al año.
"Además, se estableció que ante el menor impacto que se detecte en cualquiera de las 40 estaciones de monitoreo, se dejará de bombear de inmediato en los seis pozos", adelantó.