Nuevo Codigo de aguas tiene en Alerta al sector agricola

POTABILIZACION DEL AGUA.

Nuevo Código de aguas tiene en Alerta al sector agrícola.

Privados temen que se vea afectado el derecho de aguas y en el Gobierno se asegura que no habrá expropiación.

Inquietud existe en el sector agrícola y en particular en la sociedad que los agrupa, la SNA, por los efectos adversos que podría traer la aplicación del nuevo Código de Aguas, que este año aprobó el Congreso.

El presidente del organismo, Luis Schmidt, entiende que esta regulación -tramitada por más de 12 años- busca manejar en forma óptima un recurso que es escaso. Sin embargo, le inquieta que la ley lesione el derecho de propiedad de los agricultores. Esto, por las mayores atribuciones que tendrá la Dirección de Aguas; por la forma como se tratan las aguas subterráneas y por la discrecionalidad con la que pueden actuar funcionarios del Estado.

Según el gerente general de la SNA, Francisco Matte, el tratamiento que la nueva regulación da a las aguas subterráneas es un aspecto crucial que afectará a los sectores vitivinícola y frutícola, que son los que usan ese recurso.

Explica que la nueva normativa permitirá al Estado decretar como "zona de restricción" a un acuífero que no tenga recursos hídricos suficientes para abastecer a todos los regantes, lo que llevará a procesos de remates para todos los pozos de los predios que no estén regularizados.

Francisco Matte explica que se puede dar el caso de que una viña o una empresa frutícola, tras haber invertido en la exploración de aguas subterráneas, gastado recursos en la construcción de pozos y sistema de regadíos, termine pagando a un tercero el uso del agua si éste le llegara a ganar el proceso de remate.

Esto, dice, traerá mucha incertidumbre y generará espacios para especuladores que deseen aprovecharse de esos derechos, incluido al propio Estado que está facultado de participar en los remates.

La SNA afirma que parte de los pozos no están regularizados, porque la DGA lleva años analizando su tramitación.

El organismo también aclara que si bien en los últimos años participaron junto con la Sofofa y la Sonami en las conversaciones que se dieron con el Gobierno cuando estaba en estudio la nueva normativa, la materia que cuestionan no fue discutida.

A nivel del Gobierno aparece la otra cara. El subdirector general de Aguas del MOP, Rodrigo Weisner, se mostró sorprendido por las críticas de la SNA.

Asegura que la normativa de las aguas subterráneas fue analizada con los privados y que no habrá expropiación de los derechos que están entregados.

Recuerda que el sistema de remates se incorporó en esta legislación, tanto para las aguas superficiales como para las subterráneas, con el fin de asignar el recurso bajo mecanismos de mercado terminando con la especulación. Agrega que en el caso de las aguas subterráneas, se respetan los derechos que están en trámites. Por lo tanto, asegura que si hay agua, esos derechos serán otorgados.

Explica que la opción de remate sólo se dará en casos específicos; es decir, cuando a una solicitud se sume otra, pero sólo dentro de un período de seis meses.

Agregó que el Estado en ningún caso intentará tomar derechos de agua con un fin especulativo. Afirma que la ley actual da derecho a parte de esas atribuciones, las cuales no se han usado.

Aspectos esenciales

Una de las principales características del Código de Aguas es que fija el pago de una patente por el no uso del agua, con lo que se evita el acaparamiento que hoy existe de los derechos del recurso, y que casi en 73% concentran las empresas de generación eléctrica.

La patente por el no uso de las aguas se inicia el 1 de enero de 2006, por lo que a contar de esa fecha Endesa, que concentra cerca del 60% de todos los derechos que no están siendo utilizados, deberá cancelar US$ 2,5 millones al año.

Con esto, se busca que los derechos de aguas no sean una traba que impida que otros entren al sistema. La antigua legislación de aguas permitía obtener derechos gratuitos, sin justificar su cantidad y sin obligación de uso.

Al pagarse una patente por el no uso de las aguas, se busca fomentar la utilización efectiva de los recursos hídricos para fines productivos. La reforma también establece sistemas de remates cuando hay dos actores que desean utilizar un mismo recurso.

"El Mercurio"