Gobierno plantea triplicar monto de las patentes que pagan empresas salmoneras
El monto de las patentes de la acuicultura triplicará su valor, si se aprueba el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura que el gobierno enviará a la Cámara de Diputados. Esta es una de las propuestas en esta iniciativa que busca ordenar la actividad de cultivo de peces en las regiones De los Lagos y Aysén y, especialmente, mitigar el impacto del virus ISA en la industria del salmón.
Hoy el monto de la patente única de acuicultura a los centros de cultivo de peces asciende a dos UTM ($ 75.228) por hectárea. De acuerdo con el borrador del proyecto, al que tuvo acceso La Tercera, la idea es subirla hasta las seis UTM ($ 225.684), escalonadamente, desde el año 2010 al 2013. En ese período se espera que la industria haya concretado los ajustes gatillados tanto por el nuevo proyecto de ley como por los reglamentos sanitario y medioambiental, emitidos para enfrentar la crisis por el virus ISA.
Si bien este incremento de las patentes es elevado, analistas estiman que no es una cifra significativa para las grandes empresas, aunque sí lo podría ser para las pequeñas. Otras fuentes del sector privado consideran esta medida como una concesión al mundo político que inicialmente pedía un royalty, como lo solicitó hace unos años el senador PS Camilo Escalona.
Las otras novedades
Además del aumento de las patentes, el proyecto de ley pretende fortalecer las facultades fiscalizadoras del Servicio Nacional de Pesca en relación a la actividad de acuicultura en general y a las actividades directamente relacionadas. “De modo de contar con los instrumentos que permitan controlar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y sanitarias que deben cumplir los centros de cultivo y prevenir el acaecimiento de eventos indeseados”.
En esa misma línea se contempla subir las sanciones progresivamente para las empresas que no cumplan con las nuevas exigencias, hasta llegar a la caducación.
Un tercer objetivo pasa por otorgar mecanismos para facilitar y dar certeza a la constitución y ejecución de garantías sobre las concesiones y autorizaciones de acuicultura. En suma, que puedan convertirse, realmente, en garantías para contratar un crédito.
En el proyecto se recuerda que la modificación de Ley de Pesca y Acuicultura del año 2006 estableció que la enajenación de las concesiones quedaron sometidas a la obligación de operar previamente la concesión por un determinado plazo o a acreditar la condición de acuicultor habitual. Con esto, los bancos que pudieran entregar un préstamo a una empresa acuícola no podían quedarse con una concesión, en el caso de que el crédito dejara de pagarse.
“Una institución financiera no podría adjudicarse la concesión mientras la enajena a un acuicultor, debido a que no tiene el giro, arriesgándose, asimismo, a la configuración de causales de caducidad por no operación en el tiempo que se demore en adjudicarla a un tercero”, indica el documento.
En el proyecto también se busca crear áreas de manejo sanitario (barrios), lo que implica modificar el otorgamiento y operación de los centros de cultivo, particularmente los de cultivos de peces, “a fin de lograr un mejoramiento en las condiciones ambientales y sanitarias”.
Fuente: "La Tercera"