Comenzo la batalla por el AGUA

"Robos en los ríos provocan roces entre los usuarios y la intervención de los cauces. El conflicto podría terminar con agricultores tras las rejas."

El panorama no es muy alentador en estos tiempos de sequía. La crisis hídrica no sólo implica racionamiento eléctrico, sino que desencadena una serie de conflictos entre los agricultores que pelean gota a gota por un recurso que es cada vez más escaso. El clima de tensión se apodera del agro por que se sabe que habrá menos agua para el riego, los cultivos corren peligro y en algunos poblados incluso el suministros de agua potable se suspendió. Ante la desesperación algunos productores han comenzado a extraer agua de manera ilegal, abriendo las compuertas de los canales y no respetando los turnos ni los horarios acordados entre ellos mismos. En algunos sectores más organizados existen agrupaciones o juntas de vigilancia que supervisan el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, a veces esto no es suficiente y se requiere un mediador externo. Este verano, la dirección general de Aguas (DGA) ya ha detectado alrededor de 40 irregularidades, entre robos de agua, pozos ilegales y desviacion de caudales, a partir de denuncias y fiscalizaciones entre la IV y la VIII Región. A ello se suma la intervención de tres cuencas: Illapel, Putagán, Ñiquen, a solicitud de los propios usuarios, en donde la situación es realmente crítica. Francisco Riestra, Jefe del Departamento de Fiscalización de la DGA, explica que "el primer paso pa intervenir un río es que haya sido declarado previamente en zona de escasez. Cualquiera de las cuencas que estén bajo esta clasificación podría ser intervenida, pero se necesita una solicitud formal de algún usuario o una autoridad". La intervención de un cauce se produce cuando los agricultores no logran llegar a un acuerdo en la utilización del agua. A partir de esto, La DGA inspecciona en terreno lo sucedido, y de ser efectivo, se nombra un interventor faculatdo para redistribuir las aguas en el caso de que el cauce tenga una junta de vigilancia, siendo no siempre proporcional a los derechos con que contaban los usuarios previamente. En los casos donde no exite junta de vigilancia, el interventor tiene la autorización para distribuir las aguas, conforme a los derechos de aprovechamiento de los recurso. Además, se contrata personal para regular bocatomas y medir el nivel de caudales."Es una labor de tiempo completo", afirma Riestra.

fuente: "El Mercurio"