Aguas y desarrollo el acuerdo necesario
El proyecto de ley que modifica el Código de Aguas de 1981, y que establece una patente por el no uso de las aguas, lleva más de 10 años de tramitación ante el Congreso. Los objetivos de tales modificaciones son promover un uso óptimo de las aguas, corregir imperfecciones del mercado y asegurar un uso sustentable del recurso.
Adicionalmente, existen numerosos problemas estructurales que dificultan el adecuado funcionamiento del mercado como reasignador de derechos de aprovechamiento de agua. A modo de ejemplo, se pueden señalar la carencia de un registro centralizado de propietarios de derechos y de transacciones y las demoras o trabas administrativas para constituir nuevos derechos o autorizar su traslado.
Ante esta situación, y teniendo presente que la excesiva demora en la aprobación de las reformas planteadas ha generado incertidumbre en los distintos actores del sector, el Gobierno está empeñado en generar los consensos necesarios para dar rápida solución a los vacíos y problemas generados por la actual legislación. Dentro de este marco, hemos sostenido conversaciones con distintos representantes del sector privado buscando la mejor manera de resolver estos problemas. Un resultado concreto ha sido la incorporación de una presunción de uso de las aguas, que permitirá que los 300 mil usuarios históricos de las aguas queden fuera del régimen de patentes por el no uso.
Con esto, los sectores agrícola y minero, entre otros, han obtenido la tranquilidad de que en la práctica sus derechos no estarán sujetos al pago de patentes. En la misma línea, y basados en el hecho de que la matriz energética de nuestro país ha cambiado sustancialmente en la última década, hemos propuesto un nuevo sistema de patentes para los derechos de aprovechamiento asociados a la generación hidroeléctrica. La nueva forma de calcular la patente hace distinciones tanto en el valor como en la entrada en vigencia entre la zona austral y la zona centro sur. Respecto del valor de la patente, éste es más bajo en la zona austral y su aplicación se posterga para el año 2012, a diferencia de la zona centro sur donde es de vigencia inmediata. Las razones de dichas diferencias radican en los costos de los proyectos y en las posibilidades concretas de su puesta en operación, ya que la Comisión Nacional de Energía no tiene contemplada la realización de proyectos en la zona austral en los próximos 15 años.