hierve el agua parte II

Nos vemos en la corte

Lamentablemente, dice Rodrigo Weisner, “el nivel de judicialización de los problemas del agua en nuestro país en general es alto. Hoy, los puntos de fricción entre las partes, o se canalizan por el sistema de evaluación de impacto ambiental o por los tribunales de justicia, y yo creo que ambas formas de resolver no son las más adecuadas”. Y no lo son, porque se trata de sistemas binarios (con ganadores y perdedores) o porque muchas veces terminan con arreglos económicos y la sensación de injusticia y descontento de varios de los involucrados. Emblemático a este nivel, por el mal precedente que representa según el director de la DGA, es lo que sucedió en el valle del Pupío con el embalse El Mauro, donde en mayo de 2008 el asunto se zanjó con 23 millones de dólares y otras compensaciones.

Meses, si no años, de disputas, abogados e incertidumbre finalmente terminaron de la manera más básica: con plata en la mesa. Weisner cree que en muchos casos (no nos referimos a El Mauro) hay soluciones intermedias, algunas de los cuales pasan, por ejemplo, por mecanismos de compensación entre los involucrados y otras por aprovechar los espacios de encuentro dentro de las asociaciones de usuarios y juntas de vigilancia, que son quienes regulan el uso de las aguas y tienen instancias de resolución de conflictos.

Otras soluciones son, por cierto, más estructurales. No hablamos de cambiar la estrategia de desarrollo del país, sino de levantar infraestructura, como embalses, canales y obras de riego que permitan almacenar las grandes cantidades de agua que hoy se vierten al mar. Y también, usar de mejor manera el stock disponible, con riego por goteo, embalses para regadío, tranques acumuladores nocturnos y tantas otras figuras. Sin ir más lejos, Chile tiene un nivel de reutilización de aguas de 0,05%: nada, si se compara con Israel, que tiene un 73%, o con España y su 15%.

El director de Aguas dice que si bien sobre el tema de los embalses no hay una sola opinión, “Chile tiene por estos años la tasa de inversión de obras de infraestructura hidráulica más grande del hemisferio sur, lejos. Incluso es alta comparando con países desarrollados (...) Tuvimos un déficit de embalses muy grande en los años 68-90, pero eso se empezó a recuperar desde el año 90 y en este gobierno, por primera vez, se están construyendo tres embalses simultáneamente. Eso no había ocurrido nunca en la historia”. Claro que a renglón seguido apunta que una de las cosas que han resultado difíciles es que los beneficiarios de esas, por lo general, costosas obras paguen. La evidencia muestra que los regantes no están dispuestos a desembolsar por algo que creen un derecho.

Como sea, crear nuevos derechos de agua, cobrar por los flujos que han sido acaparados con fines especulativos a la espera que la escasez los haga subir de precio, y promover usos más eficientes de los recursos hídricos disponibles son algunas de las medidas que podrían sofocar parte de las incendiarias tensiones que se observan a lo largo y ancho del país. Pero, probablemente no sean suficientes.

El vicepresidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino, es un convencido de que falta una estrategia integral para abordar el tema. A su juicio, agua hay. Lo que falta es tener una estrategia clara y de largo plazo que asegure su disponibilidad a nivel nacional, en la forma y oportunidad requeridas. “Acá en este tema de la escasez de agua no hay alguien que se haya sentado a planificar una política para abordar el asunto en los próximos 20 años, siendo que la evidencia del conflicto entre sectores ya está”.

¿Qué postula? Hacer un macro mapa de soluciones que incluya plantas desalinizadoras, recarga de acuíferos subterráneos, construcción de embalses y trasvasije de agua entre cuencas (como se hizo con el Canal San Carlos hace 150 años), entre otras muchas soluciones. “Luego de trazar ese diseño integral hay que hacer una revisión de los derechos de agua otorgados, porque no cabe duda de que en algunos ríos hay concedidos más derechos de agua que los caudales que traen los ríos. Para resolver eso puedes optar por el camino del conflicto jurídico indefinido o la búsqueda de una solución económica… y yo me inclino más por esto último”.

Claro que la revisión por parte del Estado del stock de agua existente tiene que tener doble entrada. Al menos, así lo cree la investigadora de Libertad y Desarrollo María de la Luz Domper, quien asegura que es clave saber cuánta agua hay en los acuíferos para no tomar decisiones con una aversión al riesgo desmedida. La experta cree que algo de esto ha estado sucediendo, ya que se ha declarado zona de restricción “prácticamente a todo el norte de Chile, hasta la VI Región”, y tal vez en varias partes se podría estar concediendo derechos provisionales. “Es clave la información. De hecho, con la reforma que se conoció como la ley del mono del agua, que buscaba regularizar pozos clandestinos de hasta 2 litros por segundo, resulta que aparecieron unas 50.000 solicitudes; lo que ha generado un problema, porque regularizarlas supondría conceder más derechos que los que se cree hay en aguas subterráneas”.

Y aunque es un firme partidario de las soluciones económicas y de mercado, Joaquín Villarino apunta en todo caso que su enfoque no pasa exclusivamente por un asunto de precios, ya que cree que deben meterse a la ecuación factores estratégicos. “Piensa tú que si es sólo por precio, en algunas zonas la minería terminaría pagando los mejores valores por el agua, con lo cual las faenas agrícolas y hasta las poblaciones tendrían que desplazarse. ¿Es eso lo que queremos en la I Región y otras zonas del norte?”, inquiere.

Al respecto, Domper, postula que una forma de evitar ese efecto podría ser que el Estado participe solicitando derechos con criterios estratégicos, algo que la ley permite, para destinarlos a aquellos usos que se estime prudentes. En todo caso, su punto de fondo es que en general deben privilegiarse las soluciones de mercado, sistema más que probado en lo que se refiere a asignar recursos de manera adecuada.

Villarino, de todas formas, deja abierta otras puertas, al mencionar que el Estado puede no sólo evitar que ciertas zonas se despueblen, sino que puede rescatarlas. “Fíjate que en Perú, en el norte de Lima, se hizo una inversión a costo perdido que permitió recuperar una amplia zona donde hoy se producen exitosamente espárragos y los efectos han sido potentes”. Ahí hubo una decisión de Estado, como la que tomó Chile de la mano con las empresas sanitarias para resolver el problema de las aguas servidas. Esa política no sólo ha permitido recuperar tierras hacia las zonas costeras, mejorar el medioambiente y la dignidad y salud humanas, sino que ha permitido al país ponerse comercialmente en línea con las exigencias de los mercados desarrollados.